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Por: María José Jaque, jefa Departamento de Educación Continua Usach
Mientras el desempleo alcanza su nivel más alto en cinco años, la formación continua sigue ocupando un lugar secundario en las políticas de educación superior y empleo. Según el INE, la desocupación llegó al 9,4% y las personas desempleadas aumentaron un 6,9% en un año. Al mismo tiempo, la matrícula en programas de postítulo cayó un 5%, de acuerdo con el Servicio de Información de Educación Superior (SIES). La señal es importante, cuando el mercado exige actualización permanente, el sistema ofrece menos incentivos para seguir aprendiendo.
En Chile, un magíster suele traducirse en mayor reconocimiento laboral y salarial que un postítulo, diplomado o un curso. Sin embargo, la evidencia muestra que las ventajas no dependen solo de acumular grados académicos, sino de contar con competencias pertinentes y capacidad de adaptación a un mercado laboral cambiante.
La educación continua enfrenta además un problema estructural: carece de un marco nacional que establezca criterios comunes de calidad. A ello se suma una oferta que sigue privilegiando programas largos y costosos, mientras quienes necesitan actualizar competencias o reconvertirse laboralmente encuentran alternativas fragmentadas y poco reconocidas.
Los postítulos, diplomados y cursos deberían cumplir un rol estratégico. Son flexibles, compatibles con la vida laboral y personal y permiten responder con rapidez a nuevas demandas. Sin embargo, el mercado continúa valorando más el título que las habilidades adquiridas.
Si la educación es un derecho, también debe garantizar oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. En un contexto de mayor desempleo y envejecimiento, el desafío no es formar más profesionales, sino construir un sistema que haga del aprendizaje continuo una condición real para acceder y mantenerse en un trabajo digno.
